Quiénes somos
La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), surge con motivo del acuerdo alcanzado en el Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos celebrado en La Antigua, Guatemala, en junio de 2003.
Esta iniciativa contó desde sus inicios con apoyo político reflejado en la Declaración Final de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en noviembre de 2003, conscientes de la relevancia de la protección de datos personales como Derecho Fundamental, así como de la importancia de las iniciativas regulatorias iberoamericanas para proteger la privacidad de los ciudadanos.
La RIPD se configura así desde sus orígenes como un foro integrador de los diversos actores, tanto del sector público como privado, que desarrollan iniciativas relacionadas con la protección de datos personales en Iberoamérica, con el fin fortalecer el intercambio de información, experiencias y conocimientos entre sus miembros. De la misma forma, busca promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada en esta materia en un contexto democrático.
Entre las responsabilidades de la RIPD está la de reforzar las alianzas de la Red con organismos públicos que desarrollan sus funciones en estrecha conexión con ella y, en el ámbito privado, con los distintos grupos de interés que se relacionan con las Autoridades de Protección de Datos: sociedad civil, asociaciones empresariales y, entidades más representativas del ecosistema de internet, así como organizaciones de profesionales de la privacidad.
Por su trayectoria a lo largo de estos años, la Red se ha consolidado como principal promotor del diálogo e impulsor de iniciativas y políticas en la región, lo que ha significado que más de 350 millones de ciudadanos latinoamericanos dispongan en la actualidad de normas que permitan garantizar eficazmente el uso de su información personal y de autoridades especializadas con competencias para tutelar dichas garantías.
En particular, la protección de datos personales posibilita el crecimiento económico de estos países, promoviendo la adaptación de sus legislaciones en ámbitos que, como las transferencias internacionales de datos, son claves para el desarrollo de las transacciones comerciales con América Latina, con el apoyo que ello supone a los procesos de internacionalización en esta área geográfica. Asimismo, refuerza su gobernabilidad mediante el fortalecimiento de las instituciones encargadas del cumplimiento efectivo del derecho fundamental de protección de los datos personales, la profesionalización de sus administraciones y la capacitación permanente de sus autoridades y personal, con el fin de garantizar el respeto por los Derechos Humanos, a través del referido derecho fundamental. De todo ello, se deriva la protección de otros derechos como el derecho a la dignidad de la persona, al honor, a la intimidad, a la seguridad jurídica, la libertad sindical o la libertad de información y expresión, como uno de los indicadores básicos del desarrollo y consolidación de los procesos democráticos en la región.
Vinculadas a las políticas de responsabilidad social y gobernabilidad democrática, se desarrollan las actividades de la RIPD en otros ámbitos de actuación que, como la igualdad de género, la educación y los jóvenes, la ética y la integridad pública, no son ajenos a instituciones que tienen como misión principal la de ser garantes de un derecho fundamental.
Por otro lado, en la actualidad asistimos a un proceso profundo de digitalización a nivel global. Este contexto presenta avances sociales importantes en la medida que contribuye a facilitar la vida al ciudadano y a la puesta a su disposición de nuevos productos y servicios, pero no cabe duda de que presenta serios riesgos para los derechos y libertades del ciudadano en la medida que la recogida y análisis de datos personales puede afectar a su privacidad.
En el marco de esta transformación digital, es necesario unificar líneas de actuación y criterios comunes para abordar los retos que para la protección de datos plantean los tratamientos realizados por las grandes plataformas digitales, cada vez más sofisticados al estar basados en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o las neurotecnologías.
Precisamente, desde la RIPD se está trabajando en los desafíos derivados del uso de las citadas tecnologías emergentes con relación a la formulación de propuestas de políticas públicas específicas para promover el fortalecimiento de la protección de los datos personales y la privacidad, así como su uso ético y responsable. Se presta una particular dedicación en torno a la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente de los menores en el mundo online, formulando propuestas de herramientas no intrusivas que permitan mejorar la protección de su privacidad.
Nos encontramos, por tanto, ante un reto tecnológico sin precedentes, y es fundamental robustecer y capacitar técnica y jurídicamente a las autoridades garantes del derecho fundamental a la protección de datos, para que puedan regular estos tratamientos, buscando un equilibrio entre los avances tecnológicos y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos que este derecho fundamental les otorga.